A raíz de la tolerancia al consumo de drogas en América Latina y la ambigüedad legal que lo rodea, gobiernos, partidos políticos y principalmente organizaciones sociales, consideran que es el momento indicado para que los Estados inicien la discusión que podría llevar a la despenalización del consumo de, al menos, algunas de esas drogas.
No obstante, ningún país de la región está discutiendo oficialmente el tema. Todo indica que la despenalización –incluso de la marihuana, cuyos efectos sociales y personales son los más aceptados– va a demorar.
No es que falten promotores poderosos: al menos tres de los intelectuales más importantes del continente consideran que despenalizar sería la manera más efectiva de terminar con el consumo dañino y la gangsterización del negocio.
El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, está a favor de la despenalización e indica que los carteles de droga ya tienen ganada la guerra debido a la prohibición existente.
En México, la prestigiosa revista Nexos fijó su posición, en su editorial de octubre, a favor de la despenalización, y figuras como el excanciller Jorge Castañeda se han pronunciado por legalizar la marihuana, como opción ante una guerra fallida contra el narcotráfico que actualmente enfrenta el Gobierno mexicano.
El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso razona en el mismo sentido.
La realidad es otra… Pero una cosa son las elucubraciones de pensadores y otra la realidad: en muchos países ni los políticos, ni la opinión pública consiguen ver la prioridad del tema en agendas saturadas de conflictos sociales de una urgencia más palpable.
En el propio Brasil, cuyo estereotipo de jolgorio y desenfado tiene fama mundial, una encuesta del 2008 realizada por Data Folha reveló que apenas uno de cada cinco brasileños apoya la descriminalización de las drogas y que 76% prefiere que fumar marihuana sea prohibido por ley.
Más o menos las mismas cifras se dan en Perú. Un estudio reciente del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), indica que nueve de cada 10 peruanos están en contra de la legalización.
La sociedad chilena también presenta bajos niveles de aprobación para la legalización de la marihuana, que van desde el 25% en población general al 32% en población escolar.
Quizás sea por eso que Perú y Chile es donde menos se avizora un debate nacional sobre el tema.
En Perú, según recuentos oficiales, hay unos 100.000 consumidores de cannabis. Uno de los argumentos del gobierno es que “legalizar el consumo no soluciona el problema porque el Estado no tiene la capacidad de atender las consecuencias nocivas que su uso produce en las personas”, sintetizó Milton Rojas, experto de Cedro.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, aceptó el debate sobre la legalización de las drogas, pero señaló que entre los argumentos contra la medida está el aumento del consumo, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, además de generar una idea de que es socialmente aceptable.
Uno de los integrantes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas también rechazó la legalización pero con otro de los argumentos más manejados por los opositores a la idea: una política de esta naturaleza solo fomenta que las organizaciones se sigan disputando mercados y territorios, y ningún país donde se aplicó ha frenado el consumo ni las operaciones de las organizaciones criminales. Se suele citar los casos de Holanda e Inglaterra.
El Gobierno argentino anunció que avanzaría hacia la legalización, pero un año después no presentó un proyecto sobre el tema en el Congreso. Sí lo hicieron diputados de la oposición. Para los especialistas, se trata de un error conceptual.
“Empezamos al revés, en lugar de trazar una estrategia y observar la ley para ver si sirve o no a los objetivos, acá tenemos un fallo judicial y hay que adaptar los objetivos a esa decisión. Primero hay que categorizar las drogas, sacarlas del foco ideológico del derecho individual, y solo después avanzar con algún cambio de ley”, manifestó Claudio Mate, exministro de salud de Buenos Aires.
Activismo. Así, el debate se limita a la promoción de la legalización por parte de activistas que tienen poca relevancia en los ámbitos de decisión. En Uruguay, por ejemplo, algunos grupos se proponen alcanzar la liberalización completa del consumo y la tenencia de marihuana. Esta idea recoge apoyo entre algunos académicos, juristas y, con matices, algunos políticos, incluyendo un par de expresidentes.
Y aunque en algunas ciudades del continente las marchas para legalizar la marihuana son habituales, la clase política y la sociedad aún perciben el tema como el exotismo juvenil en un problema mucho mayor que incluye protagonistas tan feos como delincuentes con poderes paragubernamentales e infraestructuras letales. Y esa clase de argumentos son los que pesan más, hoy, en las sociedades latinoamericanas contra la despenalización.
Informe especial GDA realizado con la participación de Daniel Gallo (La Nación, Argentina); Tatiana Farah (O Globo, Brasil); Sair Buitrago (El Tiempo, Colombia); Carlos Arguedas C. (La Nación, Costa Rica); Geovanny Tipanluisa (El Comercio, Ecuador); Silvia Otero (El Universal, México); Carolina Ciurlizza (El Comercio, Perú); Javier Ignacio Mayorca (El Nacional, Venezuela), Fabián_Muro (El País, Uruguay) y de las redacciones de El Mercurio, Chile, y El Nuevo Día, Puerto Rico. La edición del texto estuvo a cargo de Fernán R. Cisnero (El País, Uruguay).
www.lamarihuana.com
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